El gobierno de Hidalgo ha tomado una decisión significativa al anunciar la regularización de terrenos en tres colonias habitadas por exintegrantes de Antorcha Campesina, sin la intervención de sus líderes. El secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, afirmó que los beneficiarios de las colonias Marquesa, Luz del Carmen y Unión de Antorchistas recibirán sus escrituras de propiedad de manera directa.
Esta iniciativa representa un avance crucial en la lucha contra la corrupción, puesto que se busca eliminar la intermediación de líderes acusados de desviar recursos públicos para beneficio personal. Con este proceso, más de 400 familias podrán acceder formalmente a la propiedad de sus terrenos, una oportunidad que antes les fue negada por figuras como Guadalupe Orona, dirigente estatal de Antorcha Campesina.
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La medida se enmarca dentro de la política de transparencia y justicia social promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que el gobernador Julio Menchaca Salazar ha implementado en Hidalgo. El objetivo es claro: desmantelar las estructuras clientelares que durante años han monopolizado los beneficios sociales. Olivares Reyna destacó que, bajo el antiguo esquema, solo 20 de cada 100 pesos destinados a los beneficiarios llegaban realmente a sus manos debido a la manipulación de los intermediarios.
Antorcha Campesina, que se había presentado como una organización defensora de los derechos populares, ha sido criticada por lucrar con la pobreza de sus miembros, creando una red de dependencia a cambio de “aportaciones” forzadas. En este sentido, la decisión del gobierno de Hidalgo de cortar lazos con esta organización es vista como un paso fundamental para asegurar una distribución justa y directa de los recursos.
Sin embargo, este cambio ha generado reacciones diversas. Para algunos, representa un progreso en la lucha contra la corrupción; para otros, es apenas el inicio de un proceso que debe ser vigilado de cerca para evitar la aparición de nuevas formas de intermediación. Olivares Reyna dejó claro: “No pueden vivir a costa de los demás”, reafirmando el compromiso del gobierno de eliminar viejas prácticas clientelares y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los requieren.
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A medida que se avanza en este proceso, queda la incertidumbre sobre la sostenibilidad de estos cambios y si nuevas organizaciones buscarán llenar el vacío dejado por Antorcha Campesina. Este momento es crucial para Hidalgo, ya que Julio Menchaca Salazar y su equipo han demostrado que es posible transformar el modelo de distribución de apoyos, aunque el verdadero desafío será mantener la transparencia y evitar la recurrencia de abusos.
La ruptura con Antorcha Campesina simboliza un esfuerzo por erradicar viejas prácticas de intermediación y corrupción, pero el reto radica en garantizar que estos cambios sean permanentes y que el sistema de apoyos sociales se convierta en un mecanismo más justo y equitativo para todos los ciudadanos. Las comunidades vulnerables estarán atentas a la evolución de este proceso, con la esperanza de que los apoyos lleguen directamente a quienes más los necesitan.
