El Congreso de Hidalgo, en colaboración con la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, trabaja en la actualización de leyes relacionadas con los derechos indígenas. Algunas de estas normativas no se han modificado en más de 10 años.
Prisco Manuel Gutiérrez, titular de la comisión, destacó la importancia de modernizar estas leyes para garantizar su relevancia y efectividad. El objetivo es fortalecer el marco legal que protege a las comunidades indígenas y afromexicanas.
Entre las leyes que buscan armonizar se encuentran la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado y la Ley de Planeación y Prospectiva. Igualmente, se contempla actualizar la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Gutiérrez explicó que estas normativas requieren ajustes para alinearse con las reformas recientes al artículo 2 de la Constitución Mexicana. Estas reformas reconocen los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos.
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Hidalgo fortalece los derechos de los pueblos indígenas
El proceso de armonización incluye la revisión de leyes secundarias y reglamentos. Gutiérrez sostuvo reuniones con el presidente de la Junta de Gobierno, Andrés Velázquez Vázquez, y diputados de la Comisión de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. El objetivo es garantizar que las leyes estatales reflejen los avances en materia de derechos indígenas.
El proceso también busca garantizar que las comunidades indígenas participen activamente en la creación de políticas públicas. Prisco Manuel Gutiérrez destacó que la modernización de las leyes es fundamental para promover el desarrollo sostenible. Este esfuerzo refleja el compromiso del gobierno de Hidalgo con los derechos humanos y la equidad. La armonización legal es un paso hacia la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.
La armonización de leyes en Hidalgo es un paso crucial para reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Estas comunidades enfrentan desafíos como la marginación y la falta de acceso a servicios básicos. Actualizar las normativas permitirá alinear las políticas estatales con los estándares nacionales e internacionales. Además, fortalecerá la inclusión y la justicia social.
